Artículo publicado en Textos de Cátedra (A. Novacovsky y F. Paris, editores) Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, Universidad Nacional de Mar del Plata, volumen 3, páginas 203 a 209, Mar del Plata, año 2006.

Déjenme hacer un poco de historia reciente: en 1978 se reunió en la Catedral de Córdoba, el más importante monumento histórico del país construido en el siglo XVIII argentino, un grupo que acordó reemplazar las joyas y los muebles originales por falsificaciones. Se trataba de vender la custodia –tres kilos de oro y plata-, el báculo, las joyas, mesas, sillas y todo lo que fuera realmente valioso.

Y lo hicieron; no sólo los vendieron reemplazándolos por piezas modernas sino que en 1983 un museo municipal de Buenos Aires exhibió las joyas más importantes a nombre del coleccionista que las había comprado. En la iglesia quedaron simples y burdas copias de hojalata y vidrios de colores. Pero eran tiempos de dictadura militar y quien osara denunciar el hecho podía pagarlo con la vida: más tarde los acusados fueron el propio Obispo de Córdoba, varios miembros del clero y un grupo de coleccionistas y comerciantes. Absurdamente hubo que esperar hasta el regreso de la democracia para que el tema se transforme en un escándalo nacional; pese a eso la justicia actuó tan lentamente que los juicios prescribieron tras años de estancamiento o por el manto de protección que la iglesia dio a sus miembros. Las joyas y muebles siguen en manos de conocidos coleccionistas del país, el resto se vendió al exterior. Este ejemplo puede ser seguido de otro ocurrido en 1980: un grupo del que luego se comprobó que estaba formado por oficiales de policía y miembros del ejército que formaban parte de grupos de secuestro y terror durante la dictadura, entraron en Navidad en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y se llevaron tres Renoir, un Matisse, dos Cezanne, dos Degas, dos Rodin, un Gaugin, un Daumier y otros impresionistas. Para el país era un golpe terrible; pero el manto de protección fue tan fuerte que sólo en 1989 pudo descubrirse quienes habían participado y que, en gran medida, era un robo por encargo: quienes lo hicieron sabían tan poco que dejaron colgado un van Gogh extraordinario y un gran Manet pero se llevaron algunos óleos nacionales de muy bajo valor en el mercado. Este grupo llevó adelante muchos otros robos importantes: en el Museo Estévez de la ciudad de Rosario se robaron cuadros de Murillo, Sánchez Coello, Rivera y El Greco. Paralelamente robaron el Museo Castagnino en la misma ciudad para llevarse a Tiziano, El Greco, Veronese y dos cuadros de Goya. En 1989 fue capturado por el FBI en Miami uno de los responsables, un comisario de la policía, tratando de vender uno de los óleos de Goya. El cuadro regresó al museo pero los culpables quedaron libres por una justicia que aún dista mucho de ser seria. La inspectora Margot Kennedy del FBI fue quien escuchó, con asombro, las siguientes palabras: -“puedo sacar de Argentina el cuadro que quieran del museo que me indiquen; tenemos una organización que funciona como un reloj y estamos protegidos totalmente; para nosotros no hay aduanas”. Se trataba de un jefe policial que ofrecía a la venta un óleo de Goya llamado Pollos y palomas, a un grupo encubierto del FBI. Y en sus manos tenía las fotos de otro cuadro robado en 1987 en Rosario también, un Sánchez Coello. Estaba vendiendo el cuadro a precio bajo por el terrible deterioro que le produjeron por el mal manejo y por las inesperadas dificultades de venta, en $ 500,000. La investigación ulterior permitió recobrar el cuadro de Sánchez Coello y poner en evidencia que altos funcionarios de la aduana estaban involucrados en el tema. El ideólogo de todos estos robos, prófugo por varios secuestros extorsivos, al ser capturado indicó que el robo al Museo Nacional de Bellas Artes había sido una concesión del gobierno militar como forma de pago por secuestros y desapariciones de enemigos políticos.

Estas historias, elegidas entre más de 300 casos ya historiados ocurridos desde 1980 en Argentina, son ejemplo de lo que sucede en un país que tiene un extraordinario patrimonio cultural pero donde se han sucedido en el tiempo dictaduras, irresponsabilidad judicial, atraso legislativo además de gobiernos despreocupados y corruptos. Es en este marco en que debemos entender la problemática de Argentina, donde por cierto se hacen muchas cosas por proteger y defender, pero en donde llevará mucho esfuerzo revertir medio siglo de expolio.

Todos esos fenómenos a su vez necesitan ser explicados: Argentina es un país peculiar en el contexto continental ya que su conformación social está basada en el exterminio de la población indígena, la inmigración europea masiva y la desaparición de la población afro-argentina hacia 1900; para 1950 el analfabetismo era de los más bajos del mundo, llegando casi a cero. Para los inicios del siglo XX la mitad de los habitantes de Buenos Aires eran extranjeros, más precisamente europeos. Esta población impuso un gusto en el cual Francia e Inglaterra fueron los modelos, haciendo que grandes fortunas se invirtieran en trasladar desde Europa colecciones completas de cuadros y esculturas; incluso se trajeron palacios desarmados con todos sus muebles; o se optó por lo más barato, que era traer al arquitecto con los obreros y artesanos. El estado nacional y los municipios importantes enviaron expertos a comprar arte a tal grado que hasta en el Zoológico hay un templete de Bizancio. Si a ese patrimonio le sumamos una herencia de 10 mil años de arqueología, tres siglos de arte colonial bajo la dominación española y una rápida aceptación de las nuevas modas internacionales en el siglo XIX, tenemos un sitio ideal para exportar obras de arte hacia los grandes mercados.

Esa visión de “ser europeos”, del progreso ilimitado que traía la modernidad en un país donde era fácil hacer riquezas y que estaba abierto a todos –por supuesto, todos significa sólo la población blanca-, creó ya en el siglo XX una mentalidad dominante en la cual lo que importaba era ganar dinero. No a todos, por supuesto, pero los sectores más altos de la sociedad nunca terminaron de hacerse responsables por su propio país. Y aún hoy, con el pragmatismo del nuevo Neo-Liberalismo, es raro encontrar un donante a un museo, aunque los hay; es más lógico que una familia venda sus obras de arte y gaste el dinero en otras cosas. Conceptos como herencia, tradición familiar, patrimonio histórico, aún significan poco para gran parte de la sociedad que lo ve como una rémora del pasado. Han sido los sectores más altos de la sociedad quienes más se han opuesto a la legislación preservacionista y al control de la exportación indiferenciada del arte y las antigüedades.

Existen tres niveles de análisis que debemos tomar en cuenta para entender el lugar de Argentina en el mercado ilegal internacional: el primero es el propio mercado nacional. Se trata de un mercado reducido aunque con épocas fuertes, inestable, difuso, que según los vaivenes de la economía crece o se reduce con gran rapidez; cuando el dólar está barato se vende mucho a compradores del exterior, cuando el dólar está caro las ventas desaparecen. El estado nacional no actúa en él y no es práctica habitual adquirir obras de arte o antigüedades ni siquiera para sus museos; las instituciones y las fundaciones sólo ocasionalmente lo hacen. Las colecciones privadas se forman y se desintegran en una generación, casi nunca difunden o exhiben lo que tienen por temor a los impuestos y existe un amplio y poco escondido mercado negro para obras robadas, falsificaciones y cuadros de proveniencia poco clara. Los objetos arqueológicos, aunque la ley reciente prohíbe su comercialización, se venden públicamente en negocios de anticuarios o a través de simples llamados telefónicos.

Entre 1982 y 1994 el mercado legal de arte osciló entre 2,5 y 50 millones de dólares anuales; el mercado negro varió entre 2 y 30 millones. Pensemos que un salario medio varió, en el mismo período, entre 50 y 1000 dólares, es decir que las oscilaciones son tan grandes que es muy difícil observar tendencias de comercialización. Un mismo cuadro del más prestigiado pintor nacional, Petorutti, fue valuado en $ 250,000 y dos años más tarde nuevamente fue valuado en $ 25,000. Hay importantes galerías dedicadas al arte africano antiguo, al arte oriental, a la arqueología de toda América Latina, al arte ruso, al arte judaico de Europa central, vidrios Art Nouveau y otras antigüedades del mundo entero, proveyendo a muchos de los grandes mercados del mundo. Exportando, siempre exportando.

Un segundo nivel que debe considerarse en el análisis es el enorme tráfico fronterizo con Bolivia. Afecta en especial al arte colonial y a los objetos arqueológicos de Perú, Ecuador, Colombia y la misma Bolivia, que penetran en forma constante con el movimiento diario de miles de personas que pasan por la frontera sin control alguno y que confluyen a Buenos Aires donde hay una docena de galerías dedicadas a la venta y exportación de esas piezas al mercado internacional y cerca de dos docenas de coleccionistas locales. Por lo general son campesinos dedicados al saqueo en pequeña escala que traen entre cinco y diez piezas, que aquí adquieren un valor considerable en relación con el sitio de proveniencia. Para quien las transporta –cinco días de viaje en un sucio autobús-, significa vender lo que ha excavado o adquirido por unos pocos dólares –no más de tres o cuatro por pieza- en $ 100 o hasta en $ 200, lo que significa en Perú o Bolivia una verdadera fortuna actualmente. Una vez aquí tienen la posibilidad de tener un comprador privado, o a menor precio a los galeristas para quienes la venta al exterior se hace más fácil ya que el objeto ha sido lavado: se va a exportar desde Argentina y no desde Perú de donde está prohibido. A lo largo de los años el volumen de los objetos transportados es enorme y ha permitido a coleccionistas y museos de todo el mundo adquirir colecciones completas de valiosa arqueología andina.

El tráfico internacional es de características diferentes ya que se trata de cifras importantes; no existe una cuantificación conocida pero los estudios hechos indican que es enorme y las listas de obras que salieron del país, legal e ilegalmente, ha llenado libros enteros. En general el sistema funciona de la siguiente manera: si se trata de un objeto que estaba en el país simplemente se lo envía, en forma privada o a través de cualquier galería, para su venta en remates o a galerías de Europa occidental o Estados Unidos. No hay demasiadas exigencias aduaneras, no hay control de salida para envíos reducidos, o se lo traslada personalmente como equipaje en el avión; en otros casos difíciles se acude a la corrupción; se han publicado casos de cuadros de Rembrandt transportados por su dueña sin seguro ni declaración aduanal. Y si se lo quiere hacer legalmente es simple: se pide autorización al gobierno nacional quien, por ley, no puede prohibir la salida de una obra de arte a menos que la adquiera, lo cual no lo hace. Así que el permiso es siempre otorgado. Y si es rechazado, cosa impensable, hay otra opción: iniciar un juicio contra el estado nacional por que la decisión afecta los intereses privados del propietario, lo cual va contra la Constitución. Sólo en 1994 se logró introducir en la Constitución el derecho al patrimonio cultural, pero de forma difusa e incompleta.

El otro sistema es el del lavado de objetos traídos desde otros países: obras robadas o de origen poco claro, falsas o posiblemente falsas o de venta difícil, son entradas y exhibidas públicamente y publicadas en catálogos, incluso salen a remate para blanquear la compra. Luego pueden ser exportadas a los países compradores al tener una nueva proveniencia legítima. Este sistema ha sido utilizado incluso en los momentos en que el mercado internacional estuvo en alta, para recibir objetos en similares condiciones de los países de América Latina que tienen legislación proteccionista; no es nada difícil lograr un certificado que indique que los objetos están desde hace años en una colección local, ya que no se infringe ninguna ley ni hay controles ni siquiera en el tema impositivo.

La síntesis de todo este análisis es que existen países importadores y países exportadores de arte y antigüedades.

Argentina es uno de los exportadores, lo que coincide no casualmente con su posición en el Tercer Mundo. Pero la situación de este país es más compleja que en otros casos, ya que su posición es a la vez marginal del gran mercado de Estados Unidos o Europa, pero a su vez es lugar central para los países de Sudamérica excepto Brasil, y en donde hay coleccionistas de arte de México, de Perú o Colombia entre tantos otros; además de grandes inversores en arte Europeo de los siglos XVII al XIX, arte africano y hasta de jades chinos o porcelanas. De esta manera el gran negocio actual del arte en Argentina no es la compra o la venta, es decir el mercado mismo, sino la intermediación en el tráfico internacional. Ha habido casos, y los sigue habiendo, de empresas que triangulaban el movimiento de obras de arte entre Miami, Argentina y Europa, u otros puertos de Estados Unidos, aprovechando la corrupción y/o ineficacia aduanal. El sistema, muy simple, es el siguiente: se coloca un envío en manos de la subsidiaria en Miami de la empresa Argentina dedicada al tema, donde se le entrega al propietario un documento que demuestra que el cargamento o el cuadro acaba de ser recibido desde Buenos Aires. En otros casos más complejos la obra es enviada en forma ilegal hacia el sur para que sea reenviada legalmente, pocos días más tarde, casi siempre hacia New York y ocasionalmente a Londres, París y Zurich. El costo es muy bajo ya que un container completo sólo cuesta 2000 dólares.

En la década de 1970, coincidentemente con el auge del mercado interno y de una gran demanda desde el exterior de antigüedades latinoamericanas, hubo varias polémicas interesantes en el país sobre la continuidad de la exportación libre o la regulación proteccionista. La Secretaría de Cultura de la Nación consultó al respecto de hacer una ley nacional que controlara el tráfico, a las Academias de Derecho y de Bellas Artes; la primera indicó que era imposible pensar en controlarlo ya que eso atentaba contra el derecho básico de la libertad individual y la propiedad privada. La Academia de Bellas Artes en cambio, puso en evidencia las contradicciones que esa postura implicaba: por una parte planteaban que la libertad absoluta crearía un mercado fuerte de compra y venta a similitud de otros países como Inglaterra o Estados Unidos, lo que le favorecería al país porque así ingresarían todo tipo de obras de arte. Pero en la misma declaración se hacía una lista de bienes culturales que en ese mismo momento estaban siendo sacados del país, lamentándose por ello. Lo que sucedía era lo mismo que sucede hoy: estaban descubriendo que Argentina era un país exportador y no importador; ahora más intermediario que otra cosa; el libre tránsito significaba un lento pero sistemático vaciamiento, no un mercado ágil ni el crecimiento de las colecciones.

Esto no significa que no ingresen obras de arte de gran valor: una sola coleccionista privada (Amalia Fortabat) trajo en los últimos años al país un Van Gogh de 10 millones de dólares, un Warhol, un Monet del mismo valor, un Turner, un Brueghel, un Gaugin y una Maternidad de Picasso por la que pagó 25 millones de dólares; pero a la primera crisis los vendió en Estados Unidos dejando su remanido museo en construcción y vacío. Y de esos casos hay varios ya que sigue siendo un país con una economía importante en el contexto de América Latina y en el cual hay grandes fortunas. Pero con la misma facilidad que vienen volverán a irse, nada ni nadie lo impide.

Al iniciarse el siglo XXI es válido preguntarse si la liberalidad absoluta con que se ha manejado el mercado de arte y antigüedades ha sido negativa o positiva. Es una buena pregunta ya que nos permite evaluar los resultados sin entrar en consideraciones de otro tipo tales como la significación de la herencia cultural, de la ética y de responsabilidad con el futuro, los que son temas más discutibles. Y un ejemplo nos puede servir: tenemos una estadística del volumen de libros antiguos o raros (por encima de U$ 300 cada uno) que salieron del país entre 1980 y 1992 –años para los que se hizo el estudio- y, pese a lo poco fiables por la poca información accesible, se observa que salieron por lo menos casi 55 mil volúmenes y/o colecciones de varios volúmenes, y en dicho período no tenemos referencia al ingreso de ninguno. El otro dato a considerar es la cuantificación de robos producidos en museos y grandes colecciones: los gráficos muestran una no casual coincidencia con el boom del mercado internacional. Si en el año 1980 se tienen registrados diez robos, en 1982 hubo veinte, incremento que llegó al máximo de la década en 1989 con 37 robos; la culminación fue al año siguiente para descender abruptamente. Para 1992 sólo se registraron veinte casos y siguió descendiendo hasta la actualidad. La reducción no la produjo el accionar policial ni el mejoramiento en la seguridad de museos y colecciones, simplemente ya no habían buenos compradores interesados.

Actualmente la polémica por el tráfico de obras de arte, sea por la mayor o menor liberalidad en el tráfico internacional, sea por evitar la venta de objetos arqueológicos en forma abierta pese a su prohibición legal, sea por mejorar la calidad y cantidad de museos, sea por una aduana responsable y autoridades no corruptas, está entablada incluso en los mayores periódicos. Y lo mismo sucede con la responsabilidad del país con sus fronteras y países limítrofes. Quizás el logro más importante en los últimos diez años ha sido la toma de conciencia de la significación del legado cultural que debe ser conservado y el compromiso de grandes sectores de la población que están exigiendo estos derechos básicos en una sociedad democrática: la protección del legado cultural y natural y la posibilidad de disfrutarlo por todos los ciudadanos. Fue una lección que llegó tarde y que fue dura de aceptar, pero se está logrando entender que el papel de Argentina en el mercado internacional es el de un país exportador, no importador, y que esa política sólo lleva al total vaciamiento, y que eso es definitivo; quizás muchos hagan grandes fortunas pero el final de esa política queda sintetizada en una patética expresión popular que dice: “el último en irse del país, por favor apague las luces del aeropuerto”.

BIBLIOGRAFIA

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• Edwin Harvey, 1992, Derecho cultural latinoamericano: Sudamérica y Panamá, Depalma, Buenos Aires.
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• Daniel Schávelzon, 1993, El expolio del arte en la Argentina: robo y tráfico ilegal de obras de arte, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.